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La Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años y medio de cárcel para el exalcalde popular de Majadahonda Narciso de Foxá y dos de sus exconcejales por un delito sobre ordenación de territorio. La acusación se remonta a 2008, cuando se puso en marcha el Hospital Universitario Puerta de Hierro.
REDACCIÓN - La construcción y explotación del centro corrió a cargo de la empresa Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda sobre la que los técnicos municipales emitieron informes durante siete años alertando sobre varias deficiencias de funcionamiento que, según la Fiscalía, no fueron atendidas ni por el alcalde ni los dos concejales, quienes evitaron imponer ninguna sanción a la empresa.
El escrito de acusación incide para ello en que el hospital comenzó sus actividades antes de haber obtenido del Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, que terminó por ser solicitada el 16 de junio de 2008. A partir de ahí, se llevaron a cabo una serie de inspecciones e informes técnicos que pusieron de manifiesto un total de 66 deficiencias, “la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios”. Pese a los requerimientos para subsanar estos problemas, el hospital siguió funcionando.
Según destaca la Fiscalía, la empresa no procedió a comunicar la corrección de las deficiencias hasta años después. La situación se mantuvo así hasta el 18 de diciembre de 2012, cuando los responsables del servicio de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda pusieron “expresamente de manifiesto” al servicio jurídico de la Concejalía de Urbanismo que la actividad estaba funcionando sin la correspondiente licencia de primera ocupación, “y por consiguiente sin licencia de funcionamiento”.
La Fiscalía pone de manifiesto que, mientras el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada, de septiembre de 2008 a abril de 2015, “no se adoptó por los acusados ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora”. Según argumentan, la adopción de tales medidas correspondía al entonces alcalde y a los concejales delegados de Urbanismo, quienes eran conscientes de que "el hospital se encontraba funcionando sin las preceptivas licencias" y de "la necesidad de adoptar las referidas medidas".
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