REDACCIÓN — La organización denuncia "graves irregularidades" en la tramitación de estas sanciones, lo que las vicia de nulidad.

Entre las sanciones cuestionadas, un grupo destacado se refiere a las multas por supuestos excesos de velocidad en la avenida de la Victoria, anteriormente conocida como la carretera de El Plantío. Según AEA, estas multas son ilegítimas, ya que el límite de velocidad de 30 km/h que el Ayuntamiento alegaba no estaba debidamente establecido en ese tramo. Los servicios jurídicos de AEA lograron demostrar ante los tribunales que no existía tal límite, por lo que las multas son nulas.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha solicitado la intervención directa del alcalde para evitar lo que considera una "finalidad recaudatoria" en la imposición de estas sanciones. Arnaldo ha subrayado que la situación podría generar un problema social, afectando a miles de familias que no pueden asumir el coste de estas multas, cuya legalidad es, según él, cuestionable.

Además de las multas en la avenida de la Victoria, AEA también ha solicitado la anulación de más de un millón de sanciones tramitadas entre abril y septiembre de 2023, debido a "graves defectos en las notificaciones a los interesados". El Ayuntamiento de Madrid reconoció estas irregularidades en una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra la empresa postal encargada del servicio.

Por otro lado, AEA también ha cuestionado las multas impuestas por acceder sin autorización a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) desde marzo de 2023. La organización argumenta que estas infracciones deberían ser consideradas leves, con sanciones máximas de 100 euros, en lugar de los 200 euros que ha estado imponiendo el Ayuntamiento. AEA ha destacado que tribunales han reiterado esta interpretación, lo que afecta a otros 1,2 millones de multas en Madrid.

La situación, según AEA, requiere una intervención urgente del Ayuntamiento para garantizar que no se sigan tramitando y cobrando sanciones que podrían ser anuladas debido a defectos legales, evitando así un impacto económico y social negativo en la ciudadanía madrileña.