REDACCIÓN — El Grupo Municipal de VOX en Majadahonda votó en contra de la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), impulsada por el Partido Popular, al considerar que las restricciones al tráfico en el centro del municipio carecen de justificación técnica y afectarán negativamente a vecinos y comercios. La normativa, que entrará en vigor próximamente, limitará la circulación de vehículos en el área central de manera permanente, pese a que el propio gobierno local reconoce que la calidad del aire en la zona es "buena".

VOX presentó cinco alegaciones al proyecto, todas desestimadas por el equipo de gobierno. Entre ellas, destacan la vulneración de principios de buena regulación —al no justificar la necesidad o eficacia de la medida— y la afectación a derechos fundamentales, como la libertad de movilidad y económica. El partido también criticó la ausencia de estudios técnicos que avalen la conveniencia de la ZBE y la falta de un análisis económico sobre su impacto, requisito obligatorio según la normativa.

Pablo Pérez Gallardo, portavoz de VOX en el Ayuntamiento, denunció que el PP rechazó "sin valorarlas" más de 30 alegaciones ciudadanas y de colectivos, incluidas las de su grupo: «Hemos presentado un documento sólido, pero la respuesta fue una frase genérica. Es una imposición ideológica que perjudicará a trabajadores, estudiantes y comercios locales». Además, señaló que la reciente instalación de señales de la ZBE de Las Rozas en la carretera que conecta ambos municipios complicará el acceso a la A6 y al carril BUS VAO, afectando a miles de personas.

La ordenanza se enmarca en la normativa estatal que obliga a municipios de más de 50.000 habitantes a implementar zonas de bajas emisiones. Sin embargo, VOX insiste en que Majadahonda, con alrededor de 45.000 habitantes, no está obligada a aplicarla, y acusa al PP de priorizar una agenda política sobre las necesidades reales. «No hay base técnica: es pura ideología», afirmó Gallardo, quien anunció que su grupo trabajará para revertir la medida.

El pleno también dejó en evidencia la tensión política, tras rechazarse todas las iniciativas presentadas por la oposición, incluidas propuestas que el PP había incluido en su programa electoral. La ZBE se suma así a un debate más amplio sobre movilidad y autonomía municipal, mientras comerciantes y vecinos expresan preocupación por las posibles consecuencias económicas y logísticas de las restricciones.

Con esta decisión, Majadahonda se alinea con otras localidades que han implementado ZBEs, aunque la polémica sobre su eficacia y proporcionalidad sigue abierta. VOX mantendrá su oposición, defendiendo una gestión de movilidad «basada en el sentido común y no en restricciones arbitrarias».