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Redacción Majadahonda IN - El Grupo Municipal Más Madrid–Izquierda Unida ha denunciado este martes que el Gobierno del Partido Popular en Majadahonda ha bloqueado la transparencia institucional al rechazar, en el Pleno municipal, la creación de una comisión de investigación sobre las oposiciones a dos plazas de arquitecto municipal, un proceso que se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid.
La moción planteaba activar una comisión especial para analizar lo ocurrido en el procedimiento selectivo, una herramienta prevista en el Reglamento Orgánico Municipal cuando existen indicios que afectan al interés público y a la credibilidad de la institución.
Según explicó el portavoz del grupo, Daniel Pérez, la iniciativa no buscaba sustituir a la justicia, sino ejercer el control democrático que corresponde al Pleno. “No se trataba de un capricho ni de una maniobra política”, afirmó durante su intervención, “sino de asumir responsabilidades políticas ante hechos graves”.
Un proceso bajo sospecha
Más Madrid–IU sostiene que el proceso presenta elementos “objetivos y preocupantes”. Entre ellos, destacan las calificaciones extremadamente bajas obtenidas por la mayoría de los aspirantes, frente a dos únicos aprobados con notas muy elevadas, un desenlace que terminó derivando en una denuncia ante la Fiscalía.
Pese a ese contexto, el Ejecutivo local del PP optó por rechazar cualquier investigación política, atribuyendo los resultados al supuesto bajo nivel de los opositores y amparándose en la autonomía técnica del tribunal calificador.
Para la formación, esa respuesta es insuficiente. “Aunque el tribunal tenga autonomía, el Gobierno municipal no puede desentenderse de su obligación de garantizar igualdad, limpieza y transparencia en el acceso al empleo público”, sostienen.
Responsabilidad política y urbanismo
El grupo municipal subraya que la cuestión adquiere mayor relevancia al tratarse de plazas vinculadas al área de urbanismo, un ámbito históricamente sensible y donde, recuerdan, resulta clave contar con funcionarios independientes y técnicamente solventes. Más aún —añaden— cuando algunos de los técnicos presuntamente implicados ocupan puestos de libre designación.
Desde Más Madrid–IU insisten en que la comisión propuesta no interfería en el procedimiento judicial en curso, sino que pretendía analizar lo sucedido, depurar posibles responsabilidades políticas y reforzar los mecanismos internos para evitar que situaciones similares se repitan.
“Rechazar investigar no protege al Ayuntamiento; lo debilita”, concluyen. A su juicio, el veto del PP a la comisión envía un mensaje claro a la ciudadanía: ante un problema grave, el Gobierno municipal prefiere el silencio a la rendición de cuentas.
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