REDACCIÓN - Según VOX Majadahonda, apenas tres meses después de estimar un aumento de 3 millones de euros en los ingresos municipales, se revela que el Ayuntamiento ha recaudado 5,1 millones de euros menos de lo proyectado.

Con un presupuesto aprobado que contemplaba ingresos corrientes por valor de 83,7 millones de euros para el año 2023, el gobierno esperaba un aumento de 3 millones de euros en los ingresos para el año siguiente. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, dejando al descubierto una brecha financiera significativa.

La oposición en el Ayuntamiento ha expresado su preocupación desde el principio, argumentando que los presupuestos eran poco realistas y arriesgados. Sin embargo, estas preocupaciones fueron desestimadas por el Partido Popular, que cuenta con una mayoría aplastante en el consistorio.

Una de las principales críticas proviene de VOX Majadahonda, que señala que las proyecciones de ingresos carecen de justificación y son infladas artificialmente, lo que podría conducir a un déficit presupuestario. Además, se ha destacado que algunos ingresos inesperados no fueron reflejados en el presupuesto de diciembre de 2023, lo que agrava aún más la situación financiera.

La gestión del gobierno municipal también ha sido cuestionada debido a la cancelación de licitaciones importantes y contratos sin adjudicar, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad del Ayuntamiento para llevar a cabo sus funciones básicas.

En este contexto, el gobierno del Partido Popular se enfrenta al desafío de recaudar 8,1 millones de euros adicionales en 2024 para compensar la brecha presupuestaria. Esta situación plantea el riesgo de una posible subida de impuestos y precios públicos, lo que preocupa a la comunidad, especialmente teniendo en cuenta la historia de contención del gasto público y reducción de impuestos del gobierno anterior.

En resumen, el Ayuntamiento de Majadahonda se encuentra en una situación financiera delicada, con la necesidad urgente de revisar y ajustar sus presupuestos para evitar un posible déficit y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.