REDACCIÓN - El Grupo Municipal Socialista de Majadahonda ha elevado la voz contra el equipo de gobierno del PP por la aprobación "unilateral" de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto que, según denuncian, adolece de falta de transparencia, retrasos técnicos y exclusiones de propuestas clave para mejorar la movilidad y la sostenibilidad. La polémica se agudiza tras el rechazo de 32 alegaciones presentadas por siete entidades sociales y partidos políticos, incluido el PSOE, durante el proceso de tramitación.

David Rodríguez Cabrera, portavoz socialista, criticó duramente la actitud del gobierno municipal: "Han usado la mayoría absoluta como un rodillo, ignorando el diálogo y desestimando medidas esenciales para garantizar una ZBE justa y eficaz". Entre las propuestas tumbadas destacan la ampliación de zonas verdes, la creación de áreas de especial sensibilidad cerca de colegios y hospitales, y ayudas para familias con menos recursos. También se rechazó incluir un informe de impacto para personas con discapacidad.

Retrasos y posibles irregularidades

La ordenanza llega con seis meses de retraso y bajo la amenaza de sanciones del Defensor del Pueblo por incumplir los plazos legales. Rodríguez Cabrera alertó, además, de problemas técnicos: "El contrato de las cámaras de control se ha tenido que relanzar por fallos en la licitación, lo que retrasará aún más su puesta en marcha". A esto se suma el cierre indefinido del túnel de Gran Vía, que agrava los problemas de movilidad en el centro.

El PSOE no descarta acudir a la vía judicial al considerar que la normativa incumple el Real Decreto 1052/2022, que regula los requisitos técnicos de las ZBE. "No podemos permitir un parche mal hecho. Si no se ajusta a la ley, llevaremos el caso a los tribunales", advirtió el portavoz.

Un proyecto bajo crítica

La ZBE aprobada por el PP excluye medidas como la regulación del tráfico de mercancías o incentivos para renovar vehículos contaminantes, lo que, según los socialistas, la convierte en un proyecto "simbólico y sin impacto real". "Es una ZBE sin ambición ambiental ni social, diseñada sin escuchar a la ciudadanía", insistió Rodríguez, quien vinculó estos fallos a la "improvisación crónica" del gobierno local.

La controversia refleja una brecha política en un momento clave para Majadahonda, que enfrenta desafíos como la congestión vial y la presión por reducir emisiones. Mientras el PP defiende su modelo, el PSOE exige una moratoria para corregir lo que califican como "errores graves". La batalla, ahora en el pleno, podría terminar en los juzgados.

Contexto adicional:

La ZBE es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes desde 2023.

Majadahonda supera los 75.000 residentes, según el último padrón.

El túnel de Gran Vía lleva meses cerrado por "problemas de mantenimiento", según el Ayuntamiento.

El desencuentro pone en evidencia tensiones latentes en la gestión urbanística de la localidad, donde la oposición reclama más participación ciudadana y menos "imposición desde el despacho".