REDACCIÓN - Dos mujeres han sido arrestadas en Majadahonda por su presunta implicación en una trama de estafa que desfalcó más de 72.000 euros a una comunidad de vecinos del municipio. Según la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, las investigaciones comenzaron tras una denuncia de la presidenta de la comunidad, quien detectó irregularidades en los pagos a proveedores y facturas duplicadas al asumir su cargo.

El fraude, que se prolongó durante años, consistió en la manipulación sistemática de facturas: las acusadas modificaban fechas, números de registro y firmas, además de utilizar el sello de la comunidad sin autorización. Para lucrarse, emitían cheques al portador de facturas ya cobradas mediante domiciliaciones bancarias, generando así pagos dobles. Un análisis detallado de las cuentas y la colaboración con empresas proveedoras reveló que el perjuicio total ascendía a 114.000 euros, aunque la cifra inicialmente reclamada es de 72.000 euros.

La investigación descubrió que la gestoría implicada tenía su CIF revocado desde abril de 2021, y que una de las detenidas, encargada de gestionar los trámites de la comunidad, no figuraba dada de alta en la Seguridad Social. Esto facilitó la opacidad de las operaciones, según fuentes policiales.

Impacto en la comunidad y proceso judicial

La comunidad afectada enfrentó meses de cuentas en negativo, con gastos no justificados que complicaron su gestión diaria. La presidenta, al detectar las anomalías, recopiló pruebas que fueron clave para desentrañar el esquema fraudulento.

Las detenidas, cuyas identidades no han sido reveladas, enfrentan cargos por administración desleal, estafa continuada y falsificación documental. La Guardia Civil ha destacado la complejidad del caso, que requirió cruzar datos bancarios, testimonios de proveedores y auditorías contables.

Contexto local

Este caso ha reabierto el debate en Majadahonda sobre la necesidad de reforzar los controles en la gestión de comunidades, especialmente tras conocerse que la entidad fraudulenta operaba sin los requisitos legales básicos. Las autoridades recomiendan a los vecinos verificar periódicamente la legitimidad de las facturas y la solvencia de las gestorías contratadas.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más afectados o cómplices vinculados a la trama. Mientras, la comunidad recupera gradualmente su estabilidad económica, aunque el proceso judicial podría prolongarse durante meses.